Entre septiembre y octubre de este año los estudiantes de varias escuelas públicas porteñas realizaron actos de protesta que incluyeron en algunos casos la toma del establecimiento. Sostenían que sus reclamos no eran escuchados por las autoridades educativas de la ciudad. Las autoridades señalaron de manera tajante que no iban a dialogar con estudiantes que toman escuelas. Las tomas se levantaron. Los reclamos estudiantiles y sus demandas de diálogo prosiguen.

“La lucha – dijo en 1983 el represor Ramón Camps en una entrevista aparecida en la revista La Semana – que se llevó a cabo contra la subversión en la Argentina no termina solamente en el campo militar. Esta lucha tiene varios campos y tiene por finalidad conquistar al hombre”. Desde el primer día la dictadura militar montó un sistema de control de lo cultural y escolar. Una dependencia del ministerio del Interior, conocida con el nombre de “Recursos Humanos”, fue cedida al Servicio de Inteligencia del Ejército para coordinar con Educación tareas de inteligencia en las escuelas. Un buen ejemplo fue el Operativo Claridad, un gran operativo de espionaje e identificación de personas del ámbito educativo y cultural llevado a cabo en 1979. Se designaron agentes encubiertos en la dirección de las escuelas y se infiltraron estudiantes-espía en las aulas. Se hostigó y amenazó a estudiantes y docentes para que delataran a quienes se oponían a los lineamientos educativos de la dictadura. En las listas del Operativo figuraron grandes personalidades de la cultura como Mercedes Sosa, Sergio Renán y María Elena Walsh. También figuraron treinta y nueve estudiantes y docentes que hasta el día de hoy están desaparecidos.

“El accionar subversivo – se leía en Subversión en el Ámbito Educativo, un documento oficial distribuido en todas las escuelas del país en 1977 – se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes”. Estos maestros educaban a los niños “sobre la base de la ‘libertad y la alternativa’”, y la escuela secundaria completaba la labor moldeando en los estudiantes “una personalidad hostil a la sociedad, a las autoridades y a todos los principios e instituciones fundamentales que las apoyan”. Había que actuar, se concluía, “con claridad y energía, para arrancar de raíz la subversión, demostrando a los estudiantes la falsedad de las concepciones y doctrinas que, durante tantos años… les fueron inculcando”. Los padres tenían el deber de vigilar los contenidos enseñados y denunciar de inmediato a las autoridades a todo docente sospechoso de subversión. (ver La ideología de los otros, EdM, diciembre de 2020).     

Entre septiembre y octubre de este año los centros de estudiantes de quince escuelas públicas de Buenos Aires realizaron actividades de protesta ante las autoridades educativas de la ciudad. Once de ellas fueron tomadas. Manifestaban una serie de reclamos y denunciaban falta de diálogo por parte de las autoridades educativas. A los reclamos por problemas edilicios se sumaba el mal estado de las viandas y el malestar de los estudiantes con las Actividades de Aproximación al mundo laboral (ACAP). Las ACAP son pasantías que los estudiantes deben realizar en empresas durante el último año del ciclo, con el objetivo de poner en práctica los contenidos aprendidos. Los estudiantes decían que se les obligaba a realizar actividades que nada tenían que ver con lo que se les había enseñado. Reclamaban que el programa fuera revisado y consensuado con docentes y estudiantes. Pasados los primeros días de la protesta la tensión fue subiendo. “En nuestro colegio – afirmó una estudiante – se quiso meter gente que no conocemos”. A una escuela le cortaron la luz apenas iniciada la toma, y en otra se apersonó alguien sin identificar con la misma intención. En casi todas se hicieron presentes policías que exigían a los estudiantes datos personales, el nombre de sus padres y sus domicilios. “Nos encontramos – dijo otro estudiante – a dos personas ajenas a la escuela filmando a las familias que nos acompañaban en la vereda”. En una de las escuelas ingresó un joven desconocido que intentó disuadir a los estudiantes de la toma. “Este pibe – dijo un estudiante – se apareció minutos antes del recreo, lo recibimos con respeto, pero empezó a hablar sobre los inconvenientes que provoca la política dentro de las escuelas, y de la necesidad de organizarnos por fuera de los centros estudiantiles a nivel nacional para no sé qué cosa, y esto y lo otro”. También hubo amenazas. “En este momento – declaró en una radio el vicerrector de una de las escuelas tomadas – lo que nos está ocurriendo es que tenemos un cuerpo directivo amenazado y amenazas telefónicas a familias de estudiantes”.

Esta protesta fue una más de una larga serie de desencuentros entre estudiantes y autoridades educativas de la ciudad (ver Héroes emprendedores, EdM, septiembre de 2017). Consultada por la prensa, la ministra de Educación hizo una lectura político-partidaria de la situación: sostuvo que la protesta estudiantil era obra de “agrupaciones que están atrás de los centros de estudiantes [que] responden al kirchnerismo y a la Cámpora”. Dijo también que los estudiantes habían logrado tomar sus escuelas con ayuda de “manuales de cómo tomar escuelas” repartidos por sindicatos docentes y legisladores opositores. Señalaba que “hay otro modelo de discusión en democracia”, que había que “enseñar a los chicos que pueden manifestarse, pueden pensar distinto a nosotros, pueden tener propuestas alternativas, pero no se discute cerrando las escuelas”. Entre los estudiantes el registro de los dichos de la ministra era bien diferente. Afirmaban que hacía tiempo que le venían pidiendo diálogo. Uno de ellos sostuvo que “la ministra de Educación porteña dice que no va a dialogar con los estudiantes que toman escuelas… no nos mientan, si antes tampoco dialogaban con nosotros. Las tomas no son un objetivo para nosotros, es una pena que sólo nos presten atención cuando llegamos a las tomas, las puertas de nuestros colegios van a estar siempre abiertas para dialogar”. Otra estudiante dijo que las tomas “llegaron después de numerosos pedidos de diálogo y de que las autoridades se negasen siempre a construir una mesa para trabajar sobre las grandes falencias en las condiciones edilicias, en las viandas y en todo el sistema educativo”. 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad afirmó que las autoridades serían inflexibles con los estudiantes que mantengan las tomas. “No hay diálogo ante la extorsión”, dijo contundente. A su vez, la ministra señaló que “esos chicos que están en las tomas de colegios perdieron la regularidad y este bimestre van a tener que hacer medidas compensatorias. Si en el segundo bimestre no acreditan las materias no van a poder aprobar”. Y, por las dudas, remató: “en mi tiempo eso se llamaba quedarse libre”. La inflexibilidad de las autoridades no se detuvo allí. La ministra también denunció penalmente a 336 padres y madres por los daños que pudieran sufrir estudiantes y bienes escolares, haciéndoles asumir el costo laboral de los días de clase perdidos por las tomas. Se efectivizaron 25 denuncias en la Justicia, con el reclamo de más de cincuenta millones de pesos por “daños y perjuicios”. Mientras la policía tocaba el timbre de sus hogares para entregar las notificaciones judiciales, la ministra afirmaba en los medios que “nuestra obligación como adultos es enseñar a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en la una misma sociedad”. Hace pocos días le llegó el turno al primer docente: el vicerrector de una de las escuelas tomadas fue sumariado por respaldar los reclamos de sus estudiantes. “No vamos a tolerar – escribió la ministra en un tweet – el adoctrinamiento en nuestras escuelas. Durante la toma ilegal del Mariano Acosta, su vicerrector se paró frente a sus alumnos a alentar la toma con micrófono en mano y una actitud prepotente que está muy lejos de la ejemplaridad que requiere su rol”. El vicerrector en cuestión se había manifestado en contra de la toma de su escuela. 

Apenas iniciada la protesta la Defensora del Pueblo de la Ciudad convocó a autoridades de las escuelas, representantes de los estudiantes y a padres y madres a una reunión con la intención de iniciar rondas de diálogo. La ministra fue invitada, pero no concurrió. Horas antes envió una nota a su oficina anunciando un cronograma de reuniones con “algunos representantes estudiantiles”. La Defensora estaba invitada. Días más tarde este cronograma comenzó a cumplirse en “mesas de diálogo” individuales, armadas por escuela. Sólo podían asistir dos representantes estudiantiles, con la condición de haber levantado la toma. La Defensora señaló que los estudiantes eran recibidos por un funcionario del ministerio que preguntaba acerca de los reclamos para labrar un acta. En algunos casos se labraba un acta formal que sólo decía que la reunión se produjo. “No es un gran avance”, sostuvo la Defensora. Los representantes estudiantiles tampoco quedaron conformes. “En la reunión – dijo uno de ellos – intentaron manipularnos diciendo que los problemas edilicios y todo lo que reclamamos de las viandas nos ocurre sólo a nosotros y que el ministerio se iba a encargar de solucionarlo. Con esto intentaron romper con el reclamo de todo el movimiento estudiantil, que prácticamente son temas que se repiten en todas nuestras escuelas”.     

En una carta publicada en sus redes el Jefe de Gobierno de la Ciudad escribió que las tomas de las escuelas eran obra de “un grupo muy chico de alumnos y de padres irresponsables” defensores de “un modelo de país que fracasó y que resiste con mucha violencia porque se sabe cada vez más minoritario”. Él iba a seguir “siendo inflexible en la respuesta” porque “los argentinos nos cansamos de que pequeños grupos muy intensos marquen el ritmo del país. No somos eso, no queremos eso y cada vez tenemos más claro que hay cosas que se hacen y cosas que no”. Mientras reafirmaba su postura de no dialogar con ningún representante estudiantil, su ministra declaraba que la obligación de los adultos es enseñar a dialogar a los “chicos”. Buena parte de los medios de comunicación respaldaron la postura de las autoridades. “Los colegios tomados – escribió un columnista de un diario importante – son el reflejo de una alteración del ordenamiento público, una supresión de las normas de convivencia y un desafío a las normas básicas de la democracia. Pueden parecer grotescas, casi infantiles en su rebeldía caricaturesca, pero expresan en verdad una cultura de la anomia que se lleva puestas normas y jerarquías”.

“Al Mariano Acosta – denunció un estudiante – le cortaron la luz ni bien lo tomaron y la persecución sobre la presidenta de su centro de estudiantes es horrible; nos quieren apagar a todos, pretenden que dejemos de participar y para eso nos persiguen, pero no les tenemos miedo porque somos sujetos políticos y queremos seguir dialogando, porque tenemos derecho a pensar la educación que queremos”. Es llamativa la diferencia, en forma y contenido, entre las palabras de un estudiante adolescente y las de la carta del Jefe de Gobierno de la Ciudad. Queda claro que si estos estudiantes hubiesen tomado sus escuelas en tiempos de la dictadura militar habrían sido secuestrados y desaparecidos, como pasó con los estudiantes de la Noche de los Lápices o los secuestrados durante la Operación Claridad. Felizmente el Nunca Más lanzado a los cuatro vientos por la sociedad argentina después de 1983 sigue bien vigente. Ni el Jefe de Gobierno de la Ciudad es Ramón Camps, ni su ministra es Juan José Catalán, el ministro de Subversión en el Ámbito Educativo. Lo que parece no haber variado mucho es el hábito de estigmatizar, disciplinar y castigar a los estudiantes que se organizan para realizar actos de protesta que desde 1918 están inscriptos en la rica historia de las luchas estudiantiles argentinas. Y no sólo a los estudiantes: también a sus padres, madres y docentes.

Alcides Rodríguez

Buenos Aires, EdM, noviembre 2022