La ideología de los otros, por Alcides Rodríguez

El pasado noviembre la ministra de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó polémicas declaraciones acerca de los docentes de la ciudad. 

Desde la promulgación de la ley 1420 de Educación Común la docencia en la Argentina fue una actividad sujeta a controles específicos. Las decisiones y directivas emanadas del Consejo Nacional de Educación debían ser respetadas por todos los directores y docentes. El sumario administrativo fue el dispositivo institucional con el que se sancionaba a los que incumplieran con lo previsto. La investigación sumarial se iniciaba por actuación de oficio o por denuncia, que podía realizar cualquier miembro de la comunidad escolar. La militancia política de los docentes no estaba prohibida, pero era desalentaba por la burocracia educativa. En 1937 el gobierno conservador de Agustín P. Justo decretó su prohibición expresa. Ni siquiera se podía participar en mítines políticos y se persiguió a los docentes que tuvieran ideologías radicales o puntos de vista críticos. Muchos fueron separados de sus cargos por esta razón o por militancia gremial. Un caso muy sonado en la época fue el de la maestra Florencia Fossatti, expulsada y privada de su jubilación por razones políticas. No era la primera vez que Fossatti tenía problemas con un gobierno de turno. Gremialista muy activa, había liderado en Mendoza la gran huelga docente de 1919 contra la gobernación del radical José N. Lencinas, siendo destituida por “sublevación del magisterio” y “anarquía del personal”. El gobierno de Justo no sólo cargó contra docentes militantes: Ramón J. Cárcano, presidente del Consejo en esos años, también suprimió los centros de estudiantes de los colegios secundarios. Los estudiantes sólo debían estudiar, y nada más.  

Con la dictadura militar de 1943 las cosas no fueron mejor en este sentido. El gobierno de Ramírez nombró en la cartera de educación al nacionalista católico Gustavo Martínez Zuviría, que decretó la enseñanza obligatoria del catolicismo en la escuela pública. En 1944 el Consejo Nacional de Educación declaró a todo el personal en comisión y expulso a 238 docentes de sus cargos invocando un amplio abanico de delitos: inmoralidad, inconducta, realización de actividades contrarias a la nación, etc. Con la llegada del peronismo al poder en 1946 la situación no cambió. El decreto de Martínez Zuviría se convirtió en ley y se incluyó un nuevo delito para iniciar sumarios: antiperonismo. El Segundo Plan Quinquenal en 1952 declaró que la doctrina peronista era Doctrina Nacional, de enseñanza obligatoria en las escuelas. Una vez más, muchos docentes se quedaron sin sus cargos. Tras el golpe de Estado que en 1955 la ecuación se invirtió: ahora los sumariados y expulsados fueron aquellos que habían enseñado con cierto fervor la doctrina del gobierno derrocado. Los años sesenta no fueron muy diferentes, con la excepción del breve gobierno del radical Arturo Illia. El Consejo fue presidido por Luz Vieira Méndez, una especialista de amplia trayectoria internacional que había trabajado en la Unesco. Impulsora de planes de asistencia integral en las escuelas y programas contra el analfabetismo, las relaciones entre la ministra y la comunidad educativa fueron en general fluidas. El golpe de Estado de 1966 y la Noche de los Bastones Largos terminaron con esta primavera educativa. 

La Carta Abierta a los Padres Argentinos publicada por la revista Gente en 1976 y escrita por “un amigo” afirmaba que durante la presidencia de Héctor Cámpora la educación había estado en manos de marxistas y sacerdotes tercermundistas que obligaban a los alumnos a leer a Marx, Engels, Fidel Castro y al Che Guevara. Por fortuna, seguía diciendo el autor, la dictadura militar se había encargado del problema, pero la lucha no estaba terminada porque había docentes que todavía enseñaban esos contenidos de manera oculta. Por eso la Carta: “Entienda algo y de una vez por todas. Esta guerra no es de los demás. También es suya. Si usted manda a su hijo a un colegio – religioso o laico – cumple apenas con una obligación civil. Eso no es lo más importante. Lo importante es que cumpla también con las leyes morales de su sociedad y su cultura. ¿Cómo? No es tan difícil. Interésese por los libros que los profesores o los sacerdotes le recomiendan a sus hijos. Sea cauteloso ante las actividades escolares que no son estrictamente materias de promoción (…) No mire con indiferencia o con absoluta conformidad otras actividades que se presentan a desviaciones: los campamentos (…) las visitas a villas miseria. Usted tiene una gran responsabilidad en esto. Porque usted no sabe – no puede saber – qué cara tiene el enemigo. O de qué se disfraza (…) Y un día, cuando su hijo empieza a discutir con usted, cuestiona sus puntos de vista, habla de “brecha generacional”, afirma que todo lo que aprende en la escuela es bueno y todo lo que aprende en casa es malo o está equivocado, ya es demasiado tarde. Su hijo está hipnotizado por el enemigo. Su mente es de otro”. La Carta era clara: la misión de los padres era vigilar y denunciar a los docentes subversivos. 

Hace poco más de un mes, en un ciclo de entrevistas organizado por el diputado Fernando Iglesias, la actual ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, declaró que quienes estudian para ser docentes son personas “cada vez más grandes de edad” que eligen la carrera “como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras”. “Si uno mira – continuó – el nivel socioeconómico, o en términos de capital cultural, al momento de aportar al aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente”. Alguien preguntó acerca de la existencia de “adoctrinamientos” en las aulas y por qué su ministerio no hacía nada al respecto. La respuesta de Acuña fue que “si no tenemos denuncias concretas de las familias” no se podía hacer nada, dejando abierta la invitación para denunciar “bajadas de línea”. Y coincidió en sostener que hay docentes que “eligen militar en lugar de hacer docencia”. Tras la gran ola de repudio generada por sus comentarios, Acuña difundió días más tarde una carta a los docentes. Si bien eliminó la mayoría de los preconceptos y lugares comunes descalificadores que había utilizado en la entrevista, se mantuvo en lo fundamental: “Me consta – escribe en la carta –  y así lo hemos conversado tantas veces, que defendemos el aula como ese lugar para formarse, aprender y reflexionar en un ambiente donde se respeten todas las ideas y creencias, sin militancia partidaria. De ningún partido. También sabemos que algunos dirigentes abusan de su rol docente y eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar. Por si hiciera falta aclararlo, voy a mantenerme firme: con los chicos, no”.

En las páginas iniciales del Documento base sobre emprendedorismo para educación en ciudad de Buenos Aires publicado por el ministerio que preside Acuña se define al emprendedor, palabra que suele estar estrechamente ligada a la figura del empresario: “El emprendedor es una persona con espíritu proactivo que identificando una oportunidad se pone en acción para llevar una idea a un proyecto concreto, potenciando y desarrollando sus intereses y aptitudes y generando un impacto positivo en su entorno”. Y bajo el título Función de la escuela en el desarrollo de competencias emprendedoras se lee: “La escuela es entendida como espacio para “aprender a emprender” además de aprender a aprender (…) Abordar el emprendedorismo desde la escuela tiene como objetivo que los estudiantes muestren una mayor capacidad para resolver problemas con iniciativa, motivación, creatividad y desempeñen un papel protagónico en la construcción de su propio proyecto de vida como seres individuales y sociales a través de emprendimientos sociales, políticos, culturales y económicos, convirtiéndose de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo” (todas las negritas en el original). En el proyecto de Nueva Escuela Secundaria (NES) que impulsa el gobierno de la ciudad está previsto una fuerte incorporación de estos contenidos en el último año del ciclo de la escuela secundaria, justamente el cierre de toda una vida en la escuela, implementando pasantías gratuitas en empresas y organizaciones académicas, científicas, tecnológicas, humanitarias o artísticas para que los estudiantes trabajen y se ejerciten en la adquisición de habilidades emprendedoras que los convertirán en individuos plenamente capacitados para construir su propio porvenir.

El ejemplo de la ministra Acuña es uno más de una larga historia de funcionarios de educación deseosos de eliminar de la escuela pública la ideología de los otros para imponer la ideología propia, en un acto que tiene mucho de militante. La diferencia con sus antecesores es que éstos lo decían con todas las letras.        

Alcides Rodríguez

Buenos Aires, EdM, diciembre 2020