Días pasados un periodista de importante presencia en los medios habló de la posibilidad de formatear la Argentina de manera autoritaria. 

El 14 de mayo de 1937 el entonces presidente argentino Agustín P. Justo dio su último discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional. Se complacía en señalar los grandes avances económicos del país, y lamentaba no poder decir lo mismo en el terreno político. La democracia era el mejor sistema, pero tenía exigencias elevadas. “Requiere – decía – un alto grado de cultura, que no ha podido ser alcanzado aún por pueblos que recién se aproximan a la mayoría de edad política”. Estábamos lejos debido a “la ignorancia, el encono, el odio y la miseria”. Los reformistas de 1912 se habían equivocado al pensar que el avance político se lograba con el mejoramiento de las leyes y las instituciones. “No basta – completaba Justo – haber surgido de comicios intachables para ser un exponente de alta democracia, verdad demostrada por dolorosas experiencias”. Había que cambiar costumbres y hábitos políticos, reformar esos partidos dominados por “personalismos deprimentes”, sólo interesados en conquistar el poder por el poder mismo. La tarea era difícil y de largo plazo. “Una larga experiencia – sostenía – ha confirmado (que) el sufragio universal, ilimitado y por igual ha dado malos resultados aún en países de alta cultura política. He aquí un problema que debierais abordar con serenidad para saber si conviene mantenerse en el camino o rectificar el rumbo”. Proponía privar a los empleados públicos del derecho a sufragio para quitar a “ciertos dirigentes políticos” la “falsa autoridad” que tenían por haber distribuido entre sus acólitos puestos en el Estado.     

La invocación a la “ignorancia” y la “miseria” siempre fueron un clásico del pensamiento conservador en su aspiración de limitar derechos a las mayorías. Con “encono y odio” Justo seguramente se refería a las fuertes críticas que llovieron sobre él y su fuerza política por la firma en 1933 del pacto Roca-Runciman y los resultados de la investigación del comercio de las carnes a cargo del senador Lisandro de la Torre, que terminó con el asesinato de su compañero Enzo Bordabehere. La referencia a los “personalismos deprimentes” tenía un destinatario indudable: Hipólito Yrigoyen, el líder histórico de la UCR acusado de haber hecho política con el empleo público. Sus dos presidencias habían sido la “dolorosa experiencia” que a juicio de Justo mostraba los límites del sufragio universal. Estos dardos envenenados contra el radicalismo revelaban también preocupaciones de tipo pragmático: las elecciones presidenciales estaban muy cerca, con una UCR reconstituida bajo la dirección de Marcelo T. de Alvear, un líder popular que tenía todas las de ganar. Los conservadores no podían correr riesgos. Su candidato, Roberto M. Ortiz, ganó las elecciones gracias al peor fraude electoral de nuestra historia política. Les resultaba inadmisible aceptar que triunfara la UCR. Pero el recurso al fraude electoral para evitar que un partido mayoritario llegara al poder resultó una “estrategia” ineficaz, como el mismo Ortiz constató a poco de asumir. Los golpes de Estado y dictaduras militares que siguieron fueron formas violentas y trágicas, pero también ineficaces. Años de desastres políticos e institucionales, de prohibiciones y asesinatos, todo guiado por una curiosa idea de la democracia: es verdadera sólo cuando gobierna la fuerza política propia.          

“Mi preocupación – dijo hace pocos días Marcelo Longobardi, uno de los periodistas más escuchados del país – es que ciertos niveles de pobreza estructural hacen cortocircuito con una democracia plena… Algún día tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro”. Tras el escándalo que generaron sus expresiones Longobardi ensayó una rectificación diciendo que todo era un “malentendido” debido a sus “deficiencias de lenguaje”. Varios colegas suyos hicieron importantes esfuerzos de exégesis para disminuir la gravedad de sus dichos. Pero Longobardi dijo exactamente lo que quiso decir: es necesario reformular el país en clave autoritaria porque los elevados niveles de pobreza que tiene lo inhabilitan para vivir una democracia plena. La asociación con dictaduras militares del pasado es en principio inevitable, aunque es difícil que haya pensado en este tipo de “solución” a esta altura de nuestra historia. ¿Hablará de una democracia devaluada con un poder ejecutivo dotado de amplias facultades represivas para “manejar el descalabro”, eufemismo del alto grado de conflictividad social producto de una monumental desigualdad económica? ¿Un sistema autoritario recubierto con una delgada pátina democrática? 

Lo que Longobardi jamás dirá a sus oyentes es que existen otras posibilidades de “manejar el descalabro”. Por ejemplo, impulsando formas eficaces de intervención estatal en la economía y estableciendo políticas para mejorar la redistribución del ingreso. “Las grandes reservas morales y materiales del país – decía Justo su discurso – estimulados por una prudente pero enérgica acción del gobierno, le han permitido eliminar todos los obstáculos que en ciertos momentos parecieron insalvables para levantar a la Nación de la profunda postración en que se debatía”. La “enérgica acción del gobierno” era la intervención del Estado: el establecimiento del control de cambios, la expansión de la obra pública y de infraestructura, la creación de las Juntas Reguladoras y el apoyo al desarrollo de cierto tipo de industria. Es interesante recordar a un conservador que recurrió a la intervención estatal para “manejar” la formidable crisis económica de los años treinta. Obviamente sin redistribuir el ingreso: el peronismo se ocuparía de ello pocos años más tarde. Aun así, con todos sus límites, el liberal Justo entendió que la situación exigía tomar decisiones que se alejaban de la ortodoxia económica.  

Hoy en día el sólo hecho de pensar un formateo autoritario de nuestra sociedad habla de alguien que no contempla la posibilidad de realizar cambios en el modelo socioeconómico vigente desde los tiempos de la dictadura militar. Habla de un conservador autoritario. Vivir una democracia plena implica aceptar que una fuerza política no deseada puede ganar una elección y gobernar. Y también significa que la economía no puede ser pensada de una sola manera: el capitalismo admite alternativas para promover el desarrollo económico y social de un país. Aceptarlo, aunque no se crea en ellas o no se las desee, es también una actitud genuinamente democrática.         

Alcides Rodríguez

Buenos Aires, EdM, mayo 2021