Salvar la República, por Alcides Rodríguez

A lo largo del siglo XX tomó forma en la Argentina una narrativa golpista que incluyó entre sus tópicos la idea de ir al rescate de una República en peligro.  

En julio de 1967 el general Juan Carlos Onganía, presidente de facto de la Argentina, dio un discurso ante sus camaradas para celebrar el primer aniversario de su gobierno. Hablaba allí no olvidar la “obligación asumida” por las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado: restaurar la República, rescatarla del estado de postración en que se encontraba. “Instituciones – afirmaba – que hubiéramos querido fuertes y vitales, que como Fuerzas Armadas habíamos restaurado al frente de nuestra República en tres oportunidades en el pasado casi inmediato, resultaron débiles, deformadas o incapaces, frente a las exigencias mínimas del futuro de la patria”. Las tres oportunidades a las que se refería Onganía eran los golpes de Estado de 1930, 1943 y 1955. El tópico de una República debilitada necesitada de salvación venía de lejos.

En su manifiesto de 1930 el general Uriburu, presidente provisorio del país tras haber derrocado a Hipólito Yrigoyen, hablaba de salvar al país de una grave enfermedad. Había que someter a las instituciones de la República a una serie de reformas para sanearlas, de modo tal que los futuros votantes recuperaran la confianza en la organización política y constitucional del país, y no se repitieran fenómenos lamentables como el yrigoyenismo. “La indispensable disolución del actual Parlamento – decía Uriburu – obedece a razones demasiado notorias para que sea necesario explicarlas. Cómplice del gobierno depuesto, jamás Congreso alguno ha dado un ejemplo de mayor sumisión y servilismo. Las pocas voces que se han alzado en defensa de los principios de orden y altivez en una u otra Cámara sólo han conseguido salvar la dignidad personal de quienes han denunciado el oprobio, pero en ningún caso han podido devolver al Cuerpo, de que formaban parte, el decoro y el respeto definitivamente perdidos ante la opinión”. Federico Pinedo, un político de origen socialista que respaldó el golpe de Uriburu, dijo en un discurso que “enfrentar hoy a Yrigoyen con las fuerzas de un gran país que quiere salvar su patrimonio material y moral, es determinar la indefectible caída, y para no volver, de un régimen que es en la Argentina un vergonzoso anacronismo (…) es necesaria la organización de esa fuerza que sólo puede formarse despertando la conciencia democrática y republicana de la Nación, y agrupando las fuerzas populares capaces de mantener en pie las instituciones fundamentales que el país hoy tiene”. 

La sucesión de gobiernos conservadores durante los años treinta fue interrumpida por un nuevo Golpe de Estado en 1943. “Las Fuerzas Armadas de la Nación – se lee en la proclama golpista – fieles y celosas guardianas del honor y tradiciones de la Patria, como asimismo del bienestar, los derechos y las libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa pero muy atentamente las actividades y el desempeño de las superiores de la Nación. Ha sido ingrata y dolorosa la comprobación. Se ha defraudado a los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción. Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándolo de la cosa pública, explotándolo en beneficio de siniestros personajes movidos por las más viles pasiones”. El nuevo gobierno militar buscaba “la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes malhabidos”. Pocos días después del golpe el general Pedro P. Ramírez, designado presidente de facto, declaraba a la prensa que “el ejército ha vuelto por los fueros de la Constitución Nacional, cuyo imperio en todas partes establecerá plenamente, y cuyo respeto impondrá con la máxima energía y severidad. La observancia leal de la propia Constitución es una de las bases del bienestar y grandeza de los pueblos, máxime cuando se trata de un estatuto tan sabio, tan noble, tan amplio y tan cristiano como el nuestro”. 

En 1955 se produjo el golpe de Estado que terminó con la segunda presidencia de Perón. La autodenominada “Revolución Libertadora” ordenó llevar adelante una investigación de los actos del gobierno depuesto. Se conformó una Comisión Nacional de Investigaciones cuya labor fue elogiada en un discurso por el almirante Isaac Rojas, líder golpista y vicepresidente de la dictadura. Afirmaba allí que la “Revolución” era la culminación de un clima de resistencia de una parte de la población consciente de que “el pueblo argentino había sido y seguía siendo engañado, apartándolo de su digna y promisoria trayectoria histórica, para ponerlo ignominiosamente al servicio de las desmedidas ambiciones personales de un hombre que no vaciló para ello en recurrir a procedimientos delictuosos e inmorales, hasta llegar a sofocar la opinión del pueblo para imponer su propio capricho, sacrificando los intereses nacionales en su provecho personal”. Rojas agradecía a la Comisión por haber investigado con imparcialidad y honestidad la “malversación de caudales públicos y violación de las normas de la moral, la ética y el derecho por parte de numerosos funcionarios públicos del régimen” y los “latrocinios e impudicias que el país sufriera durante la tiranía”. El informe de la Comisión fue publicado en forma de libro bajo el título Libro Negro de la Segunda Tiranía. Entre muchos otros temas los investigadores habían determinado que los legisladores peronistas, carentes de “condiciones para el ejercicio directo de sus mandatos”, habían actuado en el Congreso bajo “el dominio absoluto de un hombre, el llamado ”conductor”, que pensaba por todos y decía de qué manera debían todos ejercer sus pensamientos”. En relación al Poder Judicial, los investigadores detallaban que, a partir del pedido de juicio político en 1946 a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, la Justicia había quedado firmemente cooptada por el gobierno. El status de dictadura del gobierno derrocado era indiscutible.

Años más tarde, el 24 de marzo de 1976, se produjo el último golpe de Estado del siglo XX en la Argentina. Seis días más tarde el general Jorge Rafael Videla daba su primer discurso al país como presidente de facto. “El país – decía Videla – transita una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de su disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible, frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. (…) Debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico, y la apertura de uno nuevo cuya característica fundamental estará dada ´por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. (…) Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar, incluso, que a la función pública no se llega para servir sino para servirse de ella, convencidos de que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse; donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos; en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así se recuperará la confianza y la fe del Pueblo en quienes lo gobiernan, y así elaboraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis por la que atraviesa nuestro país”. Videla no ahorraba palabras para señalar el lamentable estado de la nación. “Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia (…) Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al País hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar”. Hacía un llamamiento a toda la sociedad para “reorganizar” el país. “Es una convocatoria para que, aprovechando la madurez que nos dejan las experiencias políticas vividas, seamos capaces de recuperar la esencia del ser nacional, y de imaginar y realizar una organización futura que nos permita el ejercicio de una democracia con real representatividad, sentido federal y concepción republicana”.   

La narrativa golpista en la Argentina tiene noventa años de historia. Una de las secuencias se identifica sin mucha dificultad: los golpes de Estado son casi un deber patriótico porque las instituciones republicanas están debilitadas o directamente no funcionan gracias a la acción devastadora de gobiernos demagógicos, corruptos, dictatoriales, ineficaces, cuyos líderes engañan y manipulan al pueblo, y que nunca respetan las reglas de la democracia liberal republicana. En todos los casos se monta el mismo escenario: una República debilitada al borde del abismo que hay que salvar. O restaurar, como decía Onganía. Una narrativa que plantea un acto psicopático, se podría decir: para salvar la Constitución hay que violarla. 

Con el final de la última dictadura militar en 1983 la sociedad argentina inició un largo y difícil camino para terminar con esta historia trágica. Hubo idas y vueltas. Se llevó a cabo el Juicio a las Juntas, y después el menemismo indultó a los genocidas. En 2003, tras derogar las leyes de punto final y obediencia debida, se volvió a llevar a la Justicia a militares acusados por crímenes de lesa humanidad. A diferencia del siglo XX, hoy en día nadie en la sociedad civil conoce los nombres de los jefes de las Fuerzas Armadas. El hecho de que la tremenda crisis de 2001 se haya resuelto tal como está previsto en la Constitución Nacional fue un logro excepcional, inimaginable en los años sesenta y setenta. Se dejó de hablar de golpe de Estado en la sociedad argentina. Sólo en los libros de historia y en las escuelas. 

Pero hace un mes un expresidente volvió a hablar de golpe de Estado. Hace una semana otro expresidente publicó una columna en uno de los diarios más importantes del país en la que dice que el actual gobierno peronista ataca de manera sistemática y permanente la Constitución buscando la suma del poder público, controlar a los ciudadanos e impedirles la posibilidad de manifestarse libremente. En el mismo diario uno de sus columnistas más destacados afirma, en la misma línea, que el país vive un colapso institucional en el que la Justicia está siendo colonizada por el gobierno y la Cámara de Senadores está siendo controlada, a la manera de una “republiqueta africana”, por su presidenta, junto a sus “obedientes” senadores. En una columna de opinión publicada en otro diario importante un exfuncionario ya habla lisa y llanamente de profunda decadencia de nuestro sistema democrático. “El momento es extraordinario – afirma – porque CFK ya no disimula su espíritu dictatorial. Siempre supimos que no tenía pasta de líder democrática y que el rol que mejor le calzaba era el de líder autoritaria (…) Los senadores del PJ son como esos lacayos que tenía Stalin que sólo hacían política para satisfacer a una persona autoritaria cuyos comportamientos deben ser analizados más en el terreno de la psiquiatría que de la política”. Luego de describir un escenario político sombrío, hace un llamado a las fuerzas opositoras y a la población en general para salir a luchar por la libertad. Son muchos los periodistas que trabajan en medios opositores al gobierno que hablan todo el tiempo de ataques a la libertad de expresión, aunque no se sabe de ningún caso de periodista prohibido, preso o asesinado. En suma, desde distintos sectores de la sociedad y de la oposición política se viene manifestando que la República está nuevamente en peligro. Se han convocado manifestaciones de protesta en las que han aparecido carteles que hablan de la necesidad de salvarla. En una de ellas se montó una horca con alusiones al presidente en ejercicio. 

Por fortuna no están dadas las condiciones en la Argentina para que los militares den un golpe de Estado. Seguimos sin saber cuál es el nombre del jefe del Ejército, y está bien que así sea. Con todo, el hecho de que en algunas expresiones públicas se escuchen ecos de la narrativa golpista inaugurada por Uriburu en 1930 no deja de ser algo preocupante.  

Alcides Rodríguez

Buenos Aires, EdM, septiembre de 2020